Vigilante de
Contratación Menor

En España, los contratos menores mueven cifras importantes con muy poca fricción procedimental. Son adjudicaciones directas por debajo de los umbrales que fija la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP): €15.000 para servicios y suministros, €40.000 para obras (sin IVA). Agilizan compras de pequeño importe sin la carga de una licitación completa, y la propia ley reconoce su utilidad. En Madrid suponen €109,9M en 2023–2025 —entre el 3 % y el 4 % del presupuesto municipal ejecutado anual—, una proporción razonable y comparable a la de otras grandes administraciones. La pregunta interesante, por tanto, no es cuánto se gasta por esta vía sino cómo se distribuye ese gasto: si se concentra en pocos proveedores, si determinados órganos contratantes se apoyan sistemáticamente en los mismos NIFs, y si esa distribución mejora o empeora año a año. Este trabajo es posible precisamente porque Madrid publica sus contratos menores como datos abiertos reutilizables —la transparencia es la condición de partida del análisis.

La fragilidad del régimen está reconocida en la propia LCSP, cuyo artículo 99.2 lo blinda: «no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.» El supuesto típico es nítido: un servicio de €28.000 que debería licitarse puede aparecer como dos contratos de €13.900 al mismo NIF en el mismo mes —cada uno individualmente legal, el patrón conjunto activa el supuesto. El obstáculo no es jurídico sino operativo: detectarlo exige cruzar todos los contratos de cada proveedor en ventanas temporales cortas, una operación que ningún portal de datos abiertos español ofrece de forma automatizada hoy. De ahí la oportunidad de este trabajo: convertir los datos publicados en una capa analítica reutilizable que cualquier administración pueda incorporar a su práctica de control.

Cómo se mide: comparativa Madrid–Barcelona, HHI y CPV

Para distinguir riesgo real de variabilidad estructural del mercado, el análisis compara Madrid con Barcelona —las dos administraciones municipales más grandes de España, similares en escala pero con culturas de contratación diferenciadas. Si un sector aparece muy concentrado en Madrid pero no en Barcelona, la causa más probable no es la estructura del mercado, común a ambas ciudades, sino la institución compradora. La comparativa funciona como experimento natural y resulta útil precisamente porque señala dónde conviene reforzar la concurrencia, centralizar compras o revisar el diseño de los procesos.

La concentración se cuantifica con el índice HHI (Herfindahl-Hirschman): suma de los cuadrados de las cuotas de cada proveedor, donde 0 representa competencia perfecta y 1 monopolio. La Comisión Europea y el Departamento de Justicia de EE. UU. consideran «altamente concentrado» cualquier mercado con HHI superior a 0,25. La clasificación sectorial utiliza los códigos CPV (Common Procurement Vocabulary), el vocabulario estándar europeo para describir el objeto de un contrato. Barcelona los publica de forma nativa; Madrid aún no los incluye en sus contratos menores, así que se infieren mediante un diccionario de 52 reglas regex aplicado al texto libre del objeto. Adoptar el CPV nativo también en contratos menores sería el paso natural para cerrar la asimetría de transparencia entre ambas administraciones y facilitar comparativas homologadas a escala europea.

¿Por qué Barcelona tiene 4× más contratos?

Barcelona incluye entidades del Grupo Municipal (fundaciones, empresas públicas) con sus propias carteras de contratación. Esta diferencia de ámbito explica el mayor volumen. Por eso todas las comparativas usan métricas relativas (HHI, % del presupuesto), nunca volúmenes absolutos.